*Monseñor Braulio Rodríguez PlazaLAS CONSECUENCIAS DE LA "LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO"
Detrás de la ley en trámite del aborto, además de convertir éste en un «derecho» de la mujer –lo cual, dicho de paso, convierte este «derecho» en machista–, se esconde un ambicioso plan de introducción de la llamada «salud sexual y reproductiva». Es la terminología política y legislativa a partir de la Conferencia de Pekín, en 1995, que con tanto ardor impone el partido en el poder. Desde entonces se han justificado en el mundo esterilizaciones masivas, la propagación del aborto precisamente como «derecho de la mujer»; pero también la ocultación de información sobre efectos abortivos de productos difundidos como anticonceptivos, la restricción de los derechos de conciencia en los médicos y facultativos sanitarios. ¿Les suena?
Pero, ¡atención, padres!, la futura ley del aborto parte del supuesto de que una educación sexual adecuada, la mejora del acceso a métodos anticonceptivos y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos. Por eso, el capítulo educativo de la futura norma legislativa indica que los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación sexual. ¿Apoyarán? No. Obligarán a la comunidad educativa a impartir la educación sexual según las directrices del gobierno de turno. Y las del actual Gobierno ya sabemos cuáles son: una injerencia en el derecho de los padres a que se respete sus convicciones en la educación de sus hijos. Algo que ya viene sucediendo en muchos materiales didácticos sobre educación para la salud donde se introducen talleres de salud sexual sin informar a los padres, vulnerando la intimidad del alumno y los derechos de los padres contenidos en el art. 27 de la Constitución.
¿Cómo se llevarán a la práctica esa educación sexual en la escuela? No lo ha dicho el Ministerio de Igualdad al presentar la ley del aborto. Pero sí el Ministerio de Sanidad, pues éste está elaborando una normativa legal que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos. La formación en esta materia no la proporcionarán los profesores del centro sino personal sanitario externo designado por la Administración o aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar. Y no cabrá que los centros educativos apelen a su ideario. Naturalmente, los contenidos serán definidos por una norma legal y vigilados por Sanidad a través de la Inspección correspondiente, pues las medidas educativas se dirigirán de manera obligatoria a menores de edad como una estrategia de salud –para vender mejor el producto– en la que no contará la opinión de los padres ni el proyecto educativo del centro.
De esta manera el Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos, ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia.
¿Acaso existe un consenso social en el campo de la «educación sexual y reproductiva» en España? Evidentemente no. La carga moral e ideológica connatural a esta materia hace imposible que su transmisión sea neutral. Eso lo sabe el Gobierno. Por tanto, impartir determinados contenidos obligatorios en esta materia implica imponer una antropología y moral concreta que no todos los ciudadanos comparten.
+ Braulio, Arzobispo de Toledo
Primado de España
